El dia de Navidad se suicidó Vic Chesnutt. Vaya para él este homenaje.
jueves, 31 de diciembre de 2009
miércoles, 2 de diciembre de 2009
Manifiesto "En defensa de los derechos fundamentales en internet"…
Ante la inclusión en el Anteproyecto de Ley de Economía sostenible de modificaciones legislativas que afectan al libre ejercicio de las libertades de expresión, información y el derecho de acceso a la cultura a través de Internet, los periodistas, bloggers, usuarios, profesionales y creadores de internet manifestamos nuestra firme oposición al proyecto, y declaramos que…
1.Los derechos de autor no pueden situarse por encima de los derechos fundamentales de los ciudadanos, como el derecho a la privacidad, a la seguridad, a la presunción de inocencia, a la tutela judicial efectiva y a la libertad de expresión.
2.La suspensión de derechos fundamentales es y debe seguir siendo competencia exclusiva del poder judicial. Ni un cierre sin sentencia. Este anteproyecto, en contra de lo establecido en el artículo 20.5 de la Constitución, pone en manos de un órgano no judicial -un organismo dependiente del ministerio de Cultura-, la potestad de impedir a los ciudadanos españoles el acceso a cualquier página web.
3.La nueva legislación creará inseguridad jurídica en todo el sector tecnológico español, perjudicando uno de los pocos campos de desarrollo y futuro de nuestra economía, entorpeciendo la creación de empresas, introduciendo trabas a la libre competencia y ralentizando su proyección internacional.
4.La nueva legislación propuesta amenaza a los nuevos creadores y entorpece la creación cultural. Con Internet y los sucesivos avances tecnológicos se ha democratizado extraordinariamente la creación y emisión de contenidos de todo tipo, que ya no provienen prevalentemente de las industrias culturales tradicionales, sino de multitud de fuentes diferentes.
5.Los autores, como todos los trabajadores, tienen derecho a vivir de su trabajo con nuevas ideas creativas, modelos de negocio y actividades asociadas a sus creaciones. Intentar sostener con cambios legislativos a una industria obsoleta que no sabe adaptarse a este nuevo entorno no es ni justo ni realista. Si su modelo de negocio se basaba en el control de las copias de las obras y en Internet no es posible sin vulnerar derechos fundamentales, deberían buscar otro modelo.
6.Consideramos que las industrias culturales necesitan para sobrevivir alternativas modernas, eficaces, creíbles y asequibles y que se adecuen a los nuevos usos sociales, en lugar de limitaciones tan desproporcionadas como ineficaces para el fin que dicen perseguir.
7.Internet debe funcionar de forma libre y sin interferencias políticas auspiciadas por sectores que pretenden perpetuar obsoletos modelos de negocio e imposibilitar que el saber humano siga siendo libre.
8.Exigimos que el Gobierno garantice por ley la neutralidad de la Red en España, ante cualquier presión que pueda producirse, como marco para el desarrollo de una economía sostenible y realista de cara al futuro.
9.Proponemos una verdadera reforma del derecho de propiedad intelectual orientada a su fin: devolver a la sociedad el conocimiento, promover el dominio público y limitar los abusos de las entidades gestoras.
10.En democracia las leyes y sus modificaciones deben aprobarse tras el oportuno debate público y habiendo consultado previamente a todas las partes implicadas. No es de recibo que se realicen cambios legislativos que afectan a derechos fundamentales en una ley no orgánica y que versa sobre otra materia.
NOTA Este manifiesto fue redactado conjuntamente por periodistas, bloggers e internautas, en una maratoniana sesión durante la tarde-noche de ayer. Si estás de acuerdo, difúndelo por todas las vías que puedas.
Aclaración de David Bravo (especializado en Derecho Informático y Propiedad Intelectual, en 20minutos.es
¿Se cortará el acceso a Internet a aquellas personas que descarguen canciones, películas, libros, etc. de sitios como eMule?.
No es eso lo que se prevé en las reformas incluidas en el Anteproyecto de Ley de Economía Sostenible. La reforma atañe únicamente -y como veremos no es poco- a prestadores de servicios de la sociedad de la información, lo que, en la práctica, incluye a toda página web que obtenga algún rendimiento económico, por mínimo que sea. Por ejemplo, un blog con publicidad entraría de lleno en esa definición. El objetivo declarado es atacar las páginas de elinks tras el fracaso de su persecución judicial. Los jueces estaban archivando sistemáticamente los casos iniciados en vía penal contra estas webs y, en la vía civil, las primeras resoluciones relativas a medidas cautelares dejaban entrever que ni siquiera consideraban que estuviéramos ante un ilícito civil por vulneración de propiedad intelectual. En las primera redadas contra este tipo de páginas, la por entonces Ministra de Cultura las apoyó, apareciendo incluso fotografiada junto a miembros de la policía, sonriendo con todos sus dientes. Imaginad la decepción cuando los jueces dijeron que en esa redada se había detenido a gente que, simplemente, no había cometido delito alguno. Ahora lo que han hecho es poner de Ministra de Cultura a la presidenta (ahora ex) de la Academia de Cine y , poco después, reformar la Ley para que ahora sea una Comisión del propio Ministerio de Cultura la que decida si estas webs se cierran o se abren. De este modo se quitan de encima a todos esos díscolos jueces que insistían en aplicar la legislación vigente.
1.Los derechos de autor no pueden situarse por encima de los derechos fundamentales de los ciudadanos, como el derecho a la privacidad, a la seguridad, a la presunción de inocencia, a la tutela judicial efectiva y a la libertad de expresión.
2.La suspensión de derechos fundamentales es y debe seguir siendo competencia exclusiva del poder judicial. Ni un cierre sin sentencia. Este anteproyecto, en contra de lo establecido en el artículo 20.5 de la Constitución, pone en manos de un órgano no judicial -un organismo dependiente del ministerio de Cultura-, la potestad de impedir a los ciudadanos españoles el acceso a cualquier página web.
3.La nueva legislación creará inseguridad jurídica en todo el sector tecnológico español, perjudicando uno de los pocos campos de desarrollo y futuro de nuestra economía, entorpeciendo la creación de empresas, introduciendo trabas a la libre competencia y ralentizando su proyección internacional.
4.La nueva legislación propuesta amenaza a los nuevos creadores y entorpece la creación cultural. Con Internet y los sucesivos avances tecnológicos se ha democratizado extraordinariamente la creación y emisión de contenidos de todo tipo, que ya no provienen prevalentemente de las industrias culturales tradicionales, sino de multitud de fuentes diferentes.
5.Los autores, como todos los trabajadores, tienen derecho a vivir de su trabajo con nuevas ideas creativas, modelos de negocio y actividades asociadas a sus creaciones. Intentar sostener con cambios legislativos a una industria obsoleta que no sabe adaptarse a este nuevo entorno no es ni justo ni realista. Si su modelo de negocio se basaba en el control de las copias de las obras y en Internet no es posible sin vulnerar derechos fundamentales, deberían buscar otro modelo.
6.Consideramos que las industrias culturales necesitan para sobrevivir alternativas modernas, eficaces, creíbles y asequibles y que se adecuen a los nuevos usos sociales, en lugar de limitaciones tan desproporcionadas como ineficaces para el fin que dicen perseguir.
7.Internet debe funcionar de forma libre y sin interferencias políticas auspiciadas por sectores que pretenden perpetuar obsoletos modelos de negocio e imposibilitar que el saber humano siga siendo libre.
8.Exigimos que el Gobierno garantice por ley la neutralidad de la Red en España, ante cualquier presión que pueda producirse, como marco para el desarrollo de una economía sostenible y realista de cara al futuro.
9.Proponemos una verdadera reforma del derecho de propiedad intelectual orientada a su fin: devolver a la sociedad el conocimiento, promover el dominio público y limitar los abusos de las entidades gestoras.
10.En democracia las leyes y sus modificaciones deben aprobarse tras el oportuno debate público y habiendo consultado previamente a todas las partes implicadas. No es de recibo que se realicen cambios legislativos que afectan a derechos fundamentales en una ley no orgánica y que versa sobre otra materia.
NOTA Este manifiesto fue redactado conjuntamente por periodistas, bloggers e internautas, en una maratoniana sesión durante la tarde-noche de ayer. Si estás de acuerdo, difúndelo por todas las vías que puedas.
Aclaración de David Bravo (especializado en Derecho Informático y Propiedad Intelectual, en 20minutos.es
¿Se cortará el acceso a Internet a aquellas personas que descarguen canciones, películas, libros, etc. de sitios como eMule?.
No es eso lo que se prevé en las reformas incluidas en el Anteproyecto de Ley de Economía Sostenible. La reforma atañe únicamente -y como veremos no es poco- a prestadores de servicios de la sociedad de la información, lo que, en la práctica, incluye a toda página web que obtenga algún rendimiento económico, por mínimo que sea. Por ejemplo, un blog con publicidad entraría de lleno en esa definición. El objetivo declarado es atacar las páginas de elinks tras el fracaso de su persecución judicial. Los jueces estaban archivando sistemáticamente los casos iniciados en vía penal contra estas webs y, en la vía civil, las primeras resoluciones relativas a medidas cautelares dejaban entrever que ni siquiera consideraban que estuviéramos ante un ilícito civil por vulneración de propiedad intelectual. En las primera redadas contra este tipo de páginas, la por entonces Ministra de Cultura las apoyó, apareciendo incluso fotografiada junto a miembros de la policía, sonriendo con todos sus dientes. Imaginad la decepción cuando los jueces dijeron que en esa redada se había detenido a gente que, simplemente, no había cometido delito alguno. Ahora lo que han hecho es poner de Ministra de Cultura a la presidenta (ahora ex) de la Academia de Cine y , poco después, reformar la Ley para que ahora sea una Comisión del propio Ministerio de Cultura la que decida si estas webs se cierran o se abren. De este modo se quitan de encima a todos esos díscolos jueces que insistían en aplicar la legislación vigente.
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